Antonio Peredo Leigue
Dos años y más está pendiente la ley que habilita, a bolivianas y bolivianos residentes en el exterior, a participar en elecciones y consultas nacionales. Pero eso es sólo el último episodio porque, ese derecho, está reconocido desde mucho antes. Ya para el plebiscito de 2005, un apoderado de los residentes en Estados Unidos de Norteamérica presentó una demanda ante los tribunales de Bolivia; el fallo fue indiscutible, pero se mantuvo en suspenso.
Ahora, una huelga de hambre en La Paz, otra en Buenos Aires, la tercera en Arica y preparativos similares en ciudades europeas, anuncian que la batalla por este derecho ha sensibilizado a millones de bolivianos en todo el mundo. La ley está trabada en el Senado Nacional. Reiteradas promesas de la oposición son incumplidas. Cada vez hay un pretexto que recae en el mismo argumento sórdido: el MAS, mediante su servicio exterior, preparará un gigantesco fraude que nadie podrá controlar. ¿Será que así querían actuar ellos, cuando aprobaron el voto en el exterior, en la época de sus gobiernos? o, al revés, ¿temen que los millones de compatriotas que expulsaron con sus ajustes neoliberales les demuestren que están con la política de cambio de este gobierno?
Por qué reconocerles el voto
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