Nuevos procedimientos legislativos

Roberto Ruiz Bass Werner

Un desarrollo legislativo y normativo, armónico y coherente, para el crítico periodo de transición post constitucional al que está ingresando aceleradamente nuestro país, exige un máximo de esfuerzo y cuidado en el diseño de los nuevos mecanismos y procedimientos legislativos.

Estos procedimientos deben estar apoyados en un desarrollo tecnológico apropiado, cuyo propósito sea apoyar a los futuros legisladores, entre otros aspectos, como: 1) fuente de información oficial, actualizada y pertinente sobre la legislación anterior vigente y los nuevos desarrollos legislativos, tanto en el nivel central del estado como en aquellos provenientes de leyes departamentales, municipales y autonomías indígenas; 2) instrumento de consulta a sistemas expertos en cada materia competencial, que ayuden a detectar a tiempo contradicciones con normas superiores o del mismo rango, o superposiciones que contradigan el principio de subsidiaridad; 3) acceso a un pool de expertos que presten servicios de consultoría certificada sobre los temas bajo tratamiento en los respectivos niveles de gobierno; 4) acceso a centros nacionales e internacionales de investigación y desarrollo, que ayude a realizar rápidamente evaluaciones sobre legislación comparada en países con amplia experiencia de manejo, compatibilización y gestión de la legislación autonómica y/o federal, etc.

No podemos ignorar, que a partir de abril del próximo año, comenzarán a gestarse simultáneamente “leyes” en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en nueve gobiernos departamentales autónomos, en trescientos treinta y cuatro municipios y, por lo menos, en diez autonomías indígenas!!

Los distintos frentes políticos están realizando propuestas sobre nueva legislación que serán, probablemente, debatidas en estas instancias. Por ejemplo, el MAS, propone 100 leyes fundamentales para la implementación de la nueva CPE, de las cuales, 36 son leyes orgánicas, 59 son leyes económico sociales y 5 leyes sobre tierra y territorio.

A estas leyes deberán, naturalmente, sumarse todo un conjunto de leyes que tienen que ver con temas tan diversos como la lucha contra la corrupción o la declaratoria de prioridad nacional de la construcción de algún camino, o hacer del rosquete símbolo departamental!!

En un simple cálculo, si los futuros legisladores, en cada uno de los niveles de gobierno, aprobaran tan sólo entre tres y diez leyes por mes, el primer año se habrían acumulado en el país un total de entre 12,747 y 42,490 nuevas leyes, de las cuales, entre 12,708 y 42,360 tendrían el mismo rango constitucional!!

Cada una de estas leyes debe ser contrastada escrupulosamente con la Constitución Política del Estado, los Estatutos Autonómicos, la Ley Marco de Autonomías y otras leyes especiales. En el caso de las leyes más trascendentales, a la evaluación ex ante de legalidad le debe seguir una evaluación similar de sostenibilidad financiera y de consistencia técnica.

También es preciso comparar la nueva legislación con la legislación acumulada en el período republicano y que está todavía vigente, y realizar una tan enorme como necesaria depuración, en la mejor tradición de Hércules, con los establos de Augias!

Esto debe servir al propósito de actuar como una serie secuencial de filtros, de manera que sólo las leyes más conflictivas e importantes continúen su camino hacia el Tribunal Constitucional Plurinacional. De otra manera correríamos el serio riesgo de colapsar al Tribunal con una carga de demandas inmanejable.

El diseño de este complejo sistema de producción, validación, seguimiento y control del desarrollo legislativo en línea, en todo el país, podría incluso ameritar una ley específica que establezca con claridad sus objetivos y lineamientos generales.

Como señala Franz X Barrios S. en su análisis comparado de experiencias de reforma estatal en Colombia, España y Sudáfrica, “…no hay Constitución carente de ambigüedades o déficits técnicos, muchas veces incluso ex profesamente derivados a una resolución vía ley posterior”

Nuestra nueva CPE no nació en un parto tranquilo, producto de un gabinete técnico de constitucionalistas de alto nivel, en el contexto de un pacto de alta legitimidad entre elites ilustradas y visionarias. Tuvimos que utilizar un “forceps”, rodeados de multitudes vociferantes, sin un pacto de alta legitimidad y con elites miopes que nunca la quisieron. Por lo tanto sus ambigüedades y deficiencias técnicas son abundantes, lo que traslada a la fase de su interpretación, expresada en la nueva legislación que se avecina, el desafío de devolver coherencia plena al proceso de transición.